Operaciones Vinculadas
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Cómo puede ayudar el software Operaciones Vinculadas al asesor

La aplicación de NCS para controlar las Operaciones Vinculadas, ayuda a cubrir la necesidad de gestionar fiscalmente la información sobre valor de mercado y precio de las Operaciones Vinculadas que se realicen en cada ejercicio, para que cumplan la legalidad fiscal.

Por este motivo, este software puede ser utilizado por el asesor para tres finalidades distintas, que son sucesivas en el tiempo y complementarias:

1.- Que las Operaciones Vinculadas que realicen sus clientes se ajusten a la ley fiscal, que obliga a que todas las Operaciones Vinculadas, sin excepción alguna, se declaren fiscalmente a valor de mercado.

2.- Que se incluya en la declaración fiscal del Impuesto sobre Sociedades y en los estados contables que corresponda, la información que se requiera normativamente sobre las Operaciones Vinculadas que realicen sus clientes en cada caso.

3.- Que se documenten aquellas Operaciones Vinculadas que, por sus características e importe, la ley fiscal obligue a documentar reglamentariamente.

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Esta reforma normativa de 2010 sobre Operaciones Vinculadas afecta, sólo y exclusivamente, a la tercera finalidad, pues la reforma tiene como objetivo crucial reducir el número de sociedades y operaciones obligadas a elaborar la exhaustiva documentación exigida por la normativa. Esta obligación pasa de ser general para las Operaciones Vinculadas que realicen todas las sociedades, a ser exigida sólo en determinados casos y en determinadas cuantías, como antes se ha descrito.

Pero la reforma no afecta en absoluto a la primera y segunda de las finalidades para las que se recomienda utilizar el programa, esto es, la gestión de la información sobre las Operaciones Vinculadas que realicen sus clientes cada año. Pues permanecen intactas tanto la obligación legal de declararlas fiscalmente a precio de mercado, como las consecuencias legales de ajustes primarios, secundarios e incluso sanciones que podría dictar la Inspección, cuando compruebe cómo se han facturado, cómo se han contabilizado y cómo se han declarado fiscalmente estas Operaciones Vinculadas.

Gestionar fiscalmente esta información sobre Operaciones Vinculadas es una necesidad, primaria y obligatoria, que tendrá que cubrir cada año el asesor fiscal, aunque, como resultado de dicha gestión, no resulte obligado a documentar ninguna de las Operaciones Vinculadas realizadas por sus clientes. La necesidad de llevar a cabo esta gestión fiscal, que es general para todas las sociedades que realicen Operaciones Vinculadas, sin excepción, es precisamente la que viene a cubrir nuestro programa, que además, también le facilita al asesor la tarea de documentar con arreglo a reglamento las operaciones que no estén exoneradas de tal obligación.

Respecto a esta última obligación de documentar, con arreglo a reglamento, determinadas operaciones, el programa también incluye controles que, por los datos introducidos sobre personas y Operaciones Vinculadas, advierten al asesor sobre la obligatoriedad o no de elaborar esta documentación. Lo que no deja de ser de gran utilidad para el usuario, dada la complejidad que puede llegar a tener en la práctica aplicar las reglas ahora vigentes, que sirven para determinar si existe o no exoneración de documentar una operación vinculada.

La reforma normativa 2010 sobre Operaciones Vinculadas

La reforma se produce por el RDL 6/2010 de 9-abril, que modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y por el RD 897/2010 de 9-julio, que modifica el Reglamento de dicho Impuesto.

La primera disposición legal, RDL 6/10 (abril 2010), introduce una exoneración general de la obligación de documentar, para aquellas sociedades que cumplan los dos siguientes requisitos:

- Que el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio sea inferior a 8 millones de Euros.

- Que el importe total conjunto de operaciones vinculadas realizadas en el ejercicio no supere los cien mil Euros de valor de mercado.

Como excepción a la anterior regla de exoneración, las operaciones vinculadas realizadas con personas residentes en paraísos fiscales tienen que documentarse en todo caso, sin verse afectadas por esta regla.

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Por tanto, esta primera exoneración es de tipo general, pues afecta a todas las operaciones vinculadas que realicen las sociedades exoneradas, y también es de tipo personal, pues afecta sólo a un conjunto de sociedades que cumplen los anteriores citados límites de cifra de negocios y valoración a mercado (a este conjunto de sociedades llamémosle conjunto A).

En su consecuencia, tras esta reforma, aún quedaría un conjunto de sociedades obligadas a documentar todas susoperaciones vinculadas, como antes de la reforma (a este conjunto de sociedades llamémosle conjunto B).

La segunda disposición legal, RD 897/10 (julio 2010), va dirigido a este segundo conjunto B de sociedades, pues son las únicas que siguen obligadas a documentar todas sus operaciones. E introduce nuevas exoneraciones de la obligación de documentar, pero esta vez no son de tipo general, sino sólo relativas a determinadas operaciones vinculadas que realicen las sociedades que pertenezcan a este segundo conjunto B.

Así, con arreglo al nuevo texto reglamentario, no existirá obligación de documentar aquellas operaciones vinculadas realizadas con la misma persona cuyo importe anual conjunto no supere los 250.000 € de valor de mercado.

Pero de esta regla general de exoneración, se exceptúan determinados tipos de operaciones que habrá que documentar en cualquier caso, cualquiera que sea su cuantía, esto es, aunque no superen el anterior límite de valor de mercado. Estas operaciones son:

a) Las realizadas con residentes en paraísos fiscales.

b) Las realizadas con vinculados que tributen por EO en IRPF, teniendo éstos o sus familiares una participación social como mínimo del 25%.

c) Las transmisiones de negocios o de participaciones sociales no admitidas a negociación.

d) Las transmisiones de inmuebles y operaciones sobre activos intangibles.

Como se puede apreciar, estos cambios normativos tienen por finalidad reducir la carga formal de documentar operaciones vinculadas, al reducirse por ley el número de sociedades obligadas a documentar las operaciones vinculadas, que antes eran todas; y al reducirse por reglamento el número de operaciones vinculadas que hay que documentar, que antes también eran todas.

Pero estas modificaciones legales y reglamentarias, dejan intactas el resto de obligaciones tributarias que se derivan de la normativa sobre operaciones vinculadas. De esta forma, aunque no exista obligación de documentar la operación vinculada, siguen con plena vigencia:

- La obligación de declarar fiscalmente a precio de mercado todas las operaciones vinculadas.

- Las reglas sobre los ajustes fiscales primarios y secundarios, que puede aplicar la Inspección en caso de no declararse la operación a valor de mercado; con las consecuencias liquidatorias e incluso sancionadoras que pudieran corresponder.

- La obligación de información que sobre las operaciones vinculadas realizadas hay que incluir en la declaración del Impuesto sobre Sociedades y Cuentas Anuales.

Por tal motivo, esta reforma normativa que sólo viene a reducir la carga formal de documentar, no debería hacer caer al asesor fiscal en el error de “relajarse” en el cumplimiento del resto de las obligaciones fiscales inherentes a todas las operaciones vinculadas que realicen sus clientes, aunque no existiera la obligación de ser documentadas con arreglo a reglamento.

En su consecuencia, aún después de esta reforma normativa, el asesor fiscal tendrá que gestionar cada año el control de las operaciones vinculadas que realicen sus clientes. Y en concreto, tendrá que realizar las siguientes comprobaciones y tareas:

1.- Que se ajustan a la legalidad las operaciones vinculadas de sus clientes, que obliga a que todas las operaciones vinculadas, sin excepción alguna, se declaren fiscalmente a valor de mercado.

2.- Que se incluya en la declaración fiscal del Impuesto sobre Sociedades y en los estados contables que corresponda, la información que se requiera normativamente sobre las operaciones vinculadas que realicen sus clientes en cada caso.

3.- Que se documenten aquellas operaciones vinculadas que, por sus características e importe, la ley fiscal obligue a documentar.